Huelga general en España de 1917

La Huelga general en España de 1917 o huelga general revolucionaria de 1917, en España, se refiere a la huelga general, -considerada por su carácter una huelga general revolucionaria- que tuvo lugar en España el mes de agosto de 1917. Fue convocada por la UGT (socialista) y el Partido Socialista Obrero Español, y en algunos lugares fue apoyada por la CNT (anarquista). La huelga general tuvo lugar en el contexto histórico de la Crisis de 1917, durante la monarquía de Alfonso XIII de España y el gobierno de Eduardo Dato.

La ciudad de Barcelona, capital económica de España, era especialmente conflictiva, como se había demostrado en la Semana Trágica de 1909. La crisis social estaba enfrentando a un movimiento obrero, dividido entre socialistas y anarquistas, que utilizaban tanto métodos pacíficos (huelgas) como violentos (la acción directa de los atentados a veces indiscriminados, como el del Liceo de Barcelona en 1893) y una patronal que utilizaba todo tipo de tácticas (desde los esquiroles al pistolerismo). El movimiento obrero en otras partes de España estaba menos desarrollado, pero vio la oportunidad de aprovechar la debilidad del enfrentamiento entre burguesía industrial y gobierno: la UGT (sindicato socialista, más implantado en Madrid y País Vasco) convocó una huelga general revolucionaria (agosto de 1917), que recibió el apoyo de la CNT (sindicato anarquista, mayoritario en Cataluña). Los dos sindicatos venían aproximándose hacia una unidad, al menos en las acciones, desde la huelga de diciembre de 1916 y el llamado Pacto de Zaragoza. El acuerdo para una huelga general fue firmado en Madrid a finales de marzo de 1917 por los ugetistas Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, y los cenetistas Salvador Seguí y Ángel Pestaña, e incluía un extenso manifiesto:

Con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo definido de terminación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos.

Se llegó a negociar, ante la oposición de los anarquistas, con partidos burgueses, destacadamente los republicanos de Alejandro Lerroux. Se habló de la constitución de un gobierno provisional, que hubiera tenido a la figura más moderada de Melquiades Álvarez como presidente y Pablo Iglesias de ministro de trabajo.

La difusión de la convocatoria de huelga incluyó alguna ambigüedad, pues si en un principio se hablaba de una huelga "revolucionaria", en comunicaciones posteriores se insistía en su carácter "pacífico". Sobre todo desde la UGT se intentó conscientemente evitar las huelgas parciales, sectoriales y locales. No obstante, el tiempo prolongado para la preparación de la huelga operó en su contra. Las detenciones de los firmantes del manifiesto, el cierre de la Casa del Pueblo (lugar de reuniones de los socialistas) y distintas maniobras del gobierno hicieron que hubiera una dispersión de esfuerzos, singularmente la huelga del sindicato ferroviario de UGT de Valencia -9 de agosto- en protesta por las detenciones, pero con motivos laborales internos, que precipitó la suma de las demás secciones del sindicato por todo el país entre el 10 y el 13 de agosto.

Aun así, al comenzar la huelga se consiguió paralizar las actividades en casi todas las grandes zonas industriales (Vizcaya y Barcelona, incluso algunas menores como Yecla y Villena), urbanas (Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña), y mineras (Río Tinto, Jaén, Asturias y León); pero sólo durante unos pocos días, a lo sumo una semana. En las ciudades pequeñas y las zonas rurales no tuvo apenas repercusión. Las comunicaciones ferroviarias, un sector clave, no se vieron alteradas por mucho tiempo.

La conclusión

Se temía que el triple desafío al gobierno (militar, catalanista y proletario) desembocara en una revolución similar a la rusa; pero lo que ocurrió es que el ejército no dudó en ponerse a las órdenes del gobierno para reprimir la huelga, en lo que empleó tres días, a excepción de algunas zonas como las cuencas mineras asturianas, en las cuales el conflicto duró cerca de un mes. El propio coronel Márquez se destacó en la represión de la revuelta en Sabadell. La intervención del ejército además de muy violenta con los huelguistas, llegó hasta extremos poco respetuosos con las instituciones, como fue la violación de la inmunidad parlamentaria de un diputado republicano, detenido por el Capitán General de Cataluña.

Mientras tanto, la Lliga, temerosa de la agitación social, aceptó apoyar a un gobierno de concentración nacional, promovido activamente por el rey, presidido de nuevo por el liberal García Prieto y que incluía a Cambó, con el compromiso de celebrar elecciones al año siguiente (febrero de 1918), cuyo resultado fue incierto, sin mayoría absoluta de ninguno de los partidos. Esta situación era inédita, puesto que lo usual era que los gobiernos -monocolores-, que llegaban al poder no por ganar las elecciones, sino al ser llamados por el rey, prepararan convenientemente las elecciones (mediante el conveniente encasillado de candidatos, cuya elección estaba garantizada por el caciquismo y el pucherazo o fraude descarado en caso necesario) y obtuvieran un parlamento fácil de controlar. En este caso, la composición multipartidista lo impidió, lo que obligó a un nuevo gobierno de concentración, esta vez presidido por Maura. Lo mismo ocurrió en las siguientes elecciones, de junio de 1919. La recuperación del tradicional turnismo no ocurrió hasta las elecciones de diciembre de 1920, organizadas en solitario por Dato.

Durante agosto de 1917, los miembros del comité de huelga, entre los que destacaban los futuros líderes socialistas Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro (Pablo Iglesias estaba en sus últimos años de vida) fueron detenidos, juzgados y encarcelados con una condena a cadena perpetua, aunque eso no impidió que en las elecciones de febrero de 1918 todos fueran elegidos diputados. El escándalo de mantener presos a diputados inviolables condujo a su excarcelación tras una amplia campaña que contó con el apoyo de intelectuales como Manuel García Morente, Gumersindo de Azcárate o Gabriel Alomar. Indalecio Prieto había huido a Francia y pudo regresar a tomar posesión de su acta de diputado (abril de 1918). Otros presos del comité de huelga fueron Daniel Anguiano y Andrés Saborit. El republicano Marcelino Domingo fue indultado en noviembre. El resultado en cifras de la represión fue en total 71 muertos 156 heridos y unos dos mil detenidos.

Salieron reforzados tanto el papel del rey como el del ejército en la vida pública, y la estrecha relación existente entre ambas instituciones. Aumentó la desafección de amplias capas de la población (intelectuales, clase obrera, clases medias) frente al sistema político, que desde finales del XIX venía recibiendo las críticas regeneracionistas, como las de Joaquín Costa, que pedían un cirujano de hierro. Esta figura o recurso retórico, de identificación controvertida, finalmente, a la siguiente crisis de gravedad (el desastre de Annual), sería encarnada por la institución que se demostró más poderosa: el ejército, concretada en la persona del capitán general de Barcelona: Miguel Primo de Rivera, que, estimulado por la burguesía catalana y ante la aquiescencia del rey, asumiría todo el poder en una Dictadura (1923).

Véase también

• Crisis española de 1917

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